Eduardo Nicolás “Nico” Gómez, candidato a intendente de Arroyo Seco en 2023 bajo el nombre de “Proyecto Libertario”, dentro del sello Unite, fue imputado en Rosario por 17 estafas cometidas el año pasado. Las maniobras perjudicaron a una agencia de viajes, una estación de servicios, un supermercado y la empresa familiar de un funcionario provincial del área de Comercio. Quedó preso.

Gómez fue acusado en el Centro de Justicia Penal por el fiscal Ramiro González Raggio, quien atribuyó los delitos perpetrados entre enero y octubre de 2025, que causaron un impacto económico total de casi 37 millones de pesos. Al presentarse ante el juez Rodrigo Santana dio su domicilio de la ciudad de Funes y dijo trabajar como licenciado en logística.

Lo que hizo “Nico” se pudo definir en la audiencia como el accionar de un estafador compulsivo, alguien que vio que sus maniobras pasaban desapercibidas y las replicó en cuanta actividad pudo, hasta para llenar el tanque de nafta.

El primer hecho lo cometió en la noche del 27 de enero de 2025, cuando contactó vía Whatsapp a la propietaria de una agencia de viajes y pidió con urgencia un vuelo desde Rosario o Buenos Aires a Neuquén al alegar que necesitaba ver a una persona que atravesaba un delicado estado de salud. Una vez que le confirmaron la adquisición del boleto desde Ezeiza hacia el destino indicado, envió por correo electrónico, en la tarde del 28 de enero, un comprobante apócrifo por 359 mil pesos que habría sido diseñado con una aplicación.

La segunda estafa la perpetró el 31 de enero del año pasado, cuando cargó combustible –40 litros de nafta– a su Focus Edge en una estación de servicio de la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Arroyo Seco, y exhibió la imagen de una falsa transferencia por 51 mil pesos. La foto tenía errores burdos, entre ellos, de ortografía y hasta en el monto supuestamente abonado.

Una situación particular se dio con un supermercado de Arroyo Seco en el que hizo 14 compras vía web entre el 10 de mayo y el 29 de julio del año pasado por un monto total de 6.287.000 pesos. En todas, adjuntó comprobantes adulterados. Y de nuevo, algunos tenían errores de ortografía. Los envíos se los hicieron igual, a la casa en la que vivía en ese momento en Arroyo. La empresa se dio cuenta al detectar un rojo en su balance trimestral y radicó una denuncia.

El último de los episodios tuvo como víctima a Manolo Contini, funcionario del área de Comercio del gobierno provincial –a quien conocía– y al padre de Contini, que tiene una empresa de logística.